Los inversores particulares que compran viviendas para alquilar suponen el 8% del total de la demanda, cinco puntos menos que hace dos años, cuando entró en vigor la Ley de Vivienda. 215.000 viviendas podrían salir del mercado este mismo año.
La limitación de los precios del alquiler en grandes ciudades como Barcelona o San Sebastián, sumada a una cada vez mayor desprotección a los propietarios ante los impagos, está frenando el apetito de los inversores particulares por comprar viviendas para ponerlas en alquiler. Tanto es así, que este colectivo ya sólo supone un 8% del total de la demanda de inmuebles de uso residencial en España, cinco puntos menos que la cifra registrada hace apenas dos años, en 2023, cuando el Gobierno puso en marcha la Ley de Vivienda que no sólo no ha servido para contener el alza de los arrendamientos, sino que ha ido provocando una caída sostenida en la oferta que no tiene visos de solucionarse en el corto plazo.

Así lo señala un informe publicado por el portal inmobiliario Fotocasa, en el que se muestra una acusada caída en el número de inversores particulares en el sector inmobiliario que compran viviendas para alquilar, ya sea en el mercado de larga estancia o en el segmento de los alquileres vacacionales o de temporada. En concreto, han pasado de suponer el 84% del total en 2024 al 77% en 2025. Una diferencia de siete puntos en sólo un año, que sirve para ilustrar los efectos de las trabas que desde el Gobierno han venido imponiendo a los caseros, mediante la limitación de los precios en algunas de las ciudades más rentables del país o la prohibición de desahuciar a los inquilinos morosos, que ayer se limitó a aquellos que tengan más de dos viviendas en alquiler, después del acuerdo alcanzado con el PNV para intentar contentar al socio parlamentario del Gobierno.

La proporción de inversores particulares que ofrecerán sus viviendas en alquiler de larga duración cayó del 64% en 2024 al 61% en 2025, mientras que la de propietarios que sacarán sus inversiones al mercado vacacional descendió del 20% al 16% en el mismo periodo. Ello, mientras la percepción de la vivienda para alquilar como inversión rentable a largo plazo se encuentra en mínimos históricos, después de caer 12 puntos porcentuales, del 70% al 58% desde 2023, el año en que se aprobó la Ley de Vivienda que ha reducido de forma sensible la rentabilidad de estos activos, en un entorno donde los precios de compraventa se encuentran en máximos históricos. Prueba de ello es que el 74% de los compradores inversores considera que los precios de la vivienda en propiedad son muy caros, 24 puntos más que el 50% registrado en 2023.